El lobby registral pretende la explotación comercial de toda la información urbanística
El lobby registral de Mariano Rajoy quiere que el Gobierno de Zapatero apruebe un Real Decreto de la Ley del Suelo cuya principal finalidad es incrementar las ganancias anuales para los apenas 900 Registradores en unos 1000 millones de euros (lo que supone una subida por cabeza superior al millón de euros cada año) mediante la privatización de la información urbanística del Estado.
María Teresa Fernández de la Vega denunció esta misma mecánica de montar una tienda registral, cuando el Gobierno de Rajoy entregó a los Registradores el Registro de Condiciones Generales de Contratación.
El borrador de ese Real Decreto ha sido redactado por un registrador que Mariano Rajoy presentaba en el año 2004 como futuro Ministro de Justicia de su Gobierno (lástima para el lobby registral que perdiera las elecciones generales como pudieron contemplar don Mariano y el Registrador-aspirante a Ministro desde el balcón de Génova)
Ese Registrador ha sido, aunque parezca sorprendente, Asesor del Ministerio de Vivienda del Gobierno de Zapatero y tiene línea directa con el lobby registral de Mariano Rajoy.
El borrador de Real Decreto pretende privatizar la información urbanística y entregar su explotación comercial al lobby registral, a costa del dinero de los ciudadanos, que deberán pagar un alto coste por crear una base de datos urbanística en el Registro de la propiedad, sin ningún valor jurídico, frente a la base legal y gratuita que reside en los Ayuntamientos y Catastro.
Lo cierto es que tras el escándalo que supuso la reforma hipotecaria del año 1998 aprobada por el Gobierno de Aznar-Rajoy, reforma que apuntaló la implantación del multimillonario negocio de la publicidad registral, el lobby registral pretende del Gobierno de Zapatero la aprobación de un Reglamento de la Ley del Suelo que se olvida de la Ley y se concibe, de forma abrumadora, como un supermercado de inscripciones y notas de todos los actos urbanísticos en el Registro de la propiedad, pese a que la simple mención registral gratuita expresiva de que la finca está afecta a un proceso de urbanización, sería no sólo suficiente, sino más eficiente, para alertar al ciudadano interesado de la existencia de un proceso urbanizador, sin coste alguno para el sufrido consumidor.
El Reglamento, ayuno de cualquier criterio de simplicidad, dedica -del total de 69 artículos que conforman el borrador del Reglamento de la Ley del Suelo- 34 artículos a crear múltiples servicios registrales de pago para publicar todo tipo de actos urbanísticos en el Registro. Obvio es señalar que el texto ha sido redactado por el Registrador asesor del Ministerio de Vivienda, a quien el lobby registral tiene encomendada la función de colar normas que incrementen la explotación comercial del Registro.
Para mayor vergüenza, ese borrador no establece de una vez por todas que el tope arancelario de los 2.187 euros que puede cobrar un Registrador por publicar en el Registro información sobre inmuebles, se debe aplicar al documentado presentado a inscripción, y no a cada derecho de cada finca o subfinca que conste en el documento.
Esta forma de cobrar el arancel registral por cada finca sin respetar ese tope de 2.187 euros por cada documento, es lo que permite que cada acción urbanística que pasa por manos de un Registrador dé lugar a muchas facturas de cantidades millonarias (20,30,40 millones de las antiguas pesetas).
Estas facturas millonarias se devengan tanto por inscribir cualquier acto como por practicar simples notas marginales.
De aplicarse el tope de 2.187 euros por cada documento urbanístico presentado en el Registro para su publicación, un Registrador de tipo medio ganaría una media anual de 80 millones de pesetas en lugar de los 180 millones de pesetas anuales de ganancias que perciben actualmente.
El borrador de Real Decreto redactado por el Registrador de confianza de Mariano Rajoy tiene sólo dos títulos, dedicando de forma completa el Titulo II a la comercialización registral de todo tipo de actos urbanísticos en el Registro de la propiedad.
Consultadas fuentes jurídicas próximas al Gobierno, ha sorprendido tanto el fondo de la cuestión (aumento multimillonario de las ganancias de los Registradores) como sobretodo la forma, pues se trata de un borrador de Real Decreto que contiene gravísimas y evidentes ilegalidades. Si intervienen en su elaboración, patrocinio, presentación o aprobación- personas que ejerzan un cargo político y sean titulares de algún Registro de la propiedad, cuyas ganancias aumentarían de forma millonaria de refrendarse este bochornoso Real Decreto, la cuestión podría situarse en la órbita propia de la desviación de poder y la prevaricación.
En definitiva, esta tentativa de privatización del urbanismo en beneficio del bolsillo de los Registrados presenta el mismo esquema utilizado por el lobby registral, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy y Aznar creó el Registro de Condiciones Generales de la Contratación para entregárselo a los Registradores, como denunció María Teresa Fernández de la Vega. Se facilita su memorable intervención en el Congreso de los Diputados que transcribimos a continuación:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L6/CONG/DS/PL/PL_127.PDF
María Teresa Fernández de la Vega: “Señor Ministro del Gobierno de Rajoy, su gobierno pretende sacar adelante un proyecto de ley sobre condiciones generales de la contratación que, bajo la falaz cobertura de proteger a consumidores y usuarios, es decir a todos nosotros, los ciudadanos, va a suponer el negocio del siglo para 600 registradores de la propiedad que, en una estimación a la baja, señor ministro, van a embolsarse a nuestra costa, a costa de los ciudadanos y a costa de nuestros derechos, unos 50.000 millones de pesetas al año.”
Señor ministro... esperábamos que el registro fuera público y que los ciudadanos tuviésemos acceso a él de forma gratuita, incluso por cualquier medio electrónico, y desde luego sin papeleo alguno; esperábamos que ese registro, señor ministro, estuviera en el Ministerio de Consumo. Pero no, ustedes crean ese registro y ¿saben lo que hacen? Se lo entregan en mano a 600 registradores ante los cuales vamos a tener que pasar los ciudadanos para-previo pago evidentemente de sus honorarios profesionales- tener derecho a cosas tan obvias como, por ejemplo, conocer a la hora de suscribir un contrato de luz o agua, si existe alguna cláusula abusiva... Pero es que ustedes, no contentos con esa tienda que les montan a los registradores de la propiedad hacen otra cosa todavía más curiosa, dicen: vamos a ampliar sus competencias ¿Y sabe lo que hacen? Privatizan el Registro de la propiedad, con lo cual a partir de ahora, cuando un ciudadano quiera conocer a la hora de comprarse un piso, si tiene una hipoteca o si tiene cargas o gravámenes, se va a tener que ir al registro de la propiedad y decirle_ señor registrador de la propiedad, me quiero comprar un piso, ¿me da usted la información? Y el registrador de la propiedad, previo tratamiento profesional, veremos si se la da o no. Y a esto le llaman ustedes, señor ministro, protección de los consumidores. Pero nos va a costar más de 50.000 millones de pesetas a los ciudadanos, y creo que con los derecho de los consumidores no se debe hacer negocio.
La Asociación defiende la simplicidad, que brilla por su ausencia en la letra y espíritu de ese borrador de Real Decreto; la eficacia, proporcionalidad y eficiencia de los sistemas de publicidad, de la que carece completamente el registro de la propiedad en materia urbanística (STS 18 de marzo de 2008); el acceso gratuito a los procedimientos y actuaciones administrativas de todos los ciudadanos, sin fijar taquillas o sacaperras inútiles; y el derecho de los ciudadanos -y la correlativa obligación del Gobierno- de someter cualquier proyecto normativo al Ministerio de Economía a fin de que estudie el impacto económico de la normativa que se propone en el bolsillo de los consumidores.
En fin, como dice María Teresa Fernández de la Vega, con los derechos de los consumidores no se puede hacer negocio, aunque ese negocio pueda beneficiar a la Ministra de la Vivienda, al redactor del Proyecto y al Presidente del PP.
Comentarios
Esta noticia es un escándalo. ¿podrían poner algunos de los artículos de dicho borrador del Proyecto de R€al D€cr€to?
Por cierto, parece ser que cuenta el Ministerio de Vivienda con otros registradores asesores, alguno de los cuales está más tiempo en Madrid que en su propio Registro de Andalucía. Inaudito, funcionarios públicos que incumplen sistemáticament e su obligación de estar en el puesto de trabajo, simplemente aparece un par de días a la semana para hacer caja.
¿cuándo se exgigirá que cumplan los registradores con la obligación de estar en su puesto de trabajo?
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