¿A qué dedica su tiempo la Dirección General de los Registros?
La política de la actual Directora General de los Registros María Angeles Alcalá ha sumido en un auténtico caos la seguridad jurídica preventiva de este país. Los ciudadanos están siendo los grandes perjudicados por la inacción total de la Directora en materias de especial trascendencia.
Nos vamos a centrar en una sola ellas.
Ya han pasado SEIS MESES desde que se dictó la Sentencia del Tribunal Supremo que anulaba varias cláusulas de la contratación bancaria en préstamos, y a día de hoy todavía no es posible el acceso on line al Registro de Condiciones Generales de Contratación para comprobar si se ha archivado o no esa sentencia.
Y de su archivo depende legalmente, de un lado, que los notarios no permitan la inclusión de esas cláusulas abusivas en las escrituras, y de otro, que no se publiquen en los registros.
Ese Registro de Condiciones Generales de la Contratación fue un logro del lobby registral comandado por Mariano Rajoy, quien formó parte del gobierno de Aznar que aprobó el Decreto que creaba ese Registro, en contra de la opinión jurídica de este país y con grave escándalo político y científico. Pensemos, por ejemplo, que el Colegio de Registradores invocó dos precedentes de Registros de Condiciones Generales de la Contratación en Alemania y Portugal que nunca han existido y que el Consejo de Estado emitió un durismo informe que fue tergiversado hasta la saciedad por el lobby registral, según denunció en su día una voz tan acreditada como la del Catedrático de Derecho Mercantil Jesús Alfaro Águila-Real, reconocido internacionalimente como gran autoridad en esta materia.
Ese Decreto fue sutancialmente anulado, como era previsible, por el Tribunal Supremo. Mariano Rajoy no dimitió entonces, como tampoco tenemos noticia de que se abstuviera en la votación del Consejo de Ministros que lo aprobó. Antes al contrario, en el lobby registral se le presentaba como el gran valedor de ese logro.
Están a punto de cumplirse dos años desde que accediera a su cargo la Directora General de los Registros María Angeles Alcalá. Nada ha hecho para obligar a los Registradores a que cumplan la Sentencia del Tribunal Supremo que les obligaba a dar acceso on line gratuito a ese archivo de sentencias para que los ciudadanos y los operadores jurídicos puedan conocer qué cláusulas anuladas por los tribunales no pueden ya autorizarse legalmente ni transcribirse en los Registros.
Todos los ciudadanos, asociaciones, funcionarios... están a oscuras sin saber si la cláusula se ha inscrito o no por la desidia de la Dirección General, incapaz de hacer efectivo el cumplimiento de la Ley y de las Sentencias de los Tribunales por el lobby registral.
Si la Directora General de los Registros deja campar a sus anchas al monopolio registral ¿ a qué dedica su tiempo?
A muchas cosas. Entre otras a aprobar una FUSIÓN SELECTIVA entre los cuerpos de notarios y registradores pero referida sólo a las élites de ambos cuerpos, esto es, a los notarios y registradores que, conservando sus Registros y notarías, son letrados adscritos al mismo tiempo en la Dirección General.
Cuatro notarios y cuatros registradores han sido convertidos por obra y gracia de la Directora General en registradores y notarios, respectivamente, sin haber aprobado la oposición. Es la fusión ad hoc, para unos pocos privilegiados. Cuatro Registradores ahora son también notarios y cuatro notarios ahora también son registradores.
Así, por ejemplo, F. J. G. G, que es Registrador en la Islas Canarias y a la vez Letrado en Madrid en la Dirección General, desde hace un año, por obra y gracia de la Directora General, es también Notario por Vitoria. Pudo concursar sin título de notario y sin estar incluido en el escalafonamiento general publicado en el BOE, herramienta que determina la preferencia entre diversos aspirantes a la hora de elegir la vacante, y a pesar de que el Consejo de Estado se pronunció de forma taxativa en contra de semejante canonjía.
¿Bajo qué mimbres se ha ejecutado semejante desatino?
Parece ser que la Directora General ha aplicado una disposición de un Proyecto de Decreto de 1997, que fue eliminada del texto definitivo a la vista de dos Informes del Consejo de Estado, que anunciaban su palmaria ilegalidad. Es decir se aplica un espectro non nato para excusar la aplicación de media docenas de leyes que regulan la función pública.
Los registradores intentaron de la anteriora Directora General de los Registros, Pilar Blanco, la firma de una Resolución acordando esa fusión elitista, sin éxito alguno ¿Cómo es posible que una Resolución rechazada por doña Pilar Blanco, Catedrática de Derecho Internacional Privado y jurista de reconocido prestigo internacional, la admita alegremente un año después la Directora actual?
¿Qué ha cambiado para considerar admisible lo inadmsible?
A primera vista, sólo ha cambiado la titular de la Dirección General, que hace oidos sordos a los derechos de los usuarios. No se conoce actuación alguna para poner en marcha el registro de Condiciones Generales on line, no se persigue eficazmente a los registradores que incumplen las Resoluciones en materia de honorarios; tampoco se conocen las medidas adoptadas para depurar las responsabilidades disciplinarias del comercio ilegal de información confidencial de los ciudadanos a través de Internet, sin ajustarse a las obligaciones que les impone la Ley de Protección de Datos. Ni siquiera se investigan las cuentas del Colegio y las operaciones de inversión de los Registradores y su Colegio en el ámbito inmobiliario a través de la sociedad ICRE, S.L.
Pero, en fin, no está inactiva… Trabaja por la fusión elitista.
Aunque para tan corto viaje no hace falta Dirección General de los Registros. En época de crisis debe plantearse la oportunidad de mantener una Dirección General tan inoperativa o amortizarla en el ara de la reducción del gasto público.