Asociación de Usuarios de Registros

El Ministro de Justicia desjudicializará el registro civil

Martes, 12 de Enero de 2010 00:00

El patrono de la fundación del colegio de registradores (CORPME), hoy Ministro de Justicia, anuncia que procederá a desjudicializar el registro civil, para entregarlo a unos funcionarios publicos no judiciales.
¿Aguntará el ministro la presión del lobby registral o entregará el registro civil a los registradores de la propiedad y mercantiles?¿A qué funcionarios públicos se refiere el ministro? ¿A sus compañeros del lobby registral? ¿Por qué no dice ya qué funcionarios públicos son los que llevarán el registro civil?

El texto del Proyecto de ley presentado por el Ministro de justicia y patrono registral Francisco Caamaño en el Consejo de Ministros de 8 de enero de 2009 supone:
-Terminar con las garantías que los Jueces encargados del Registro Civil ofrecían en la llevanza del Registro Civil, en temas en que están en juego el ejercicio y defensa de derechos fundamentales y de derechos de la personalidad, lo que ya, de por sí, nos obliga a cuestionar la constitucionalidad de esta medida.
-Atribuir a su llevanza a unos funcionarios públicos, ajenos al ámbito judicial y al Ministerio Público.
.¿Por qué no desvela el Ministro de Justicia a qué funcionarios públicos se refiere? Si se refiere a sus compañeros del lobby registral, los Registradores de la propiedad y mercantiles, esto supondrá:
1. Que el Registro Civil no dependerá de unos Jueces encargados del Registro Civil cuya retribución no supera los 60.000 euros sino que pasará a depender de unos funcionarios Registradores de la propiedad y mercantiles que cobran al ciudadano un arancel obteniendo unos ingresos estimados medios en épocas de crecimiento económico de UN MILLÓN DE EUROS ANUAL.
2. El fin de la gratuidad del Registro Civil para los ciudadanos, que estaba asegurado mientras se incardinaba en la órbita de la gratuidad de la justicia. Quizás, inicialmente no se atreverán a acometer semejante latrocinio, o disimularán su explotación comercial creando un sistema de notas y comunicaciones entre los registros de la propiedad y civiles, que cobrarán como arancel del registro de la propiedad.
No nos engañemos, bien a través de medidas indirectas o encubiertas, bien, dejando pasar un breve espacio de tiempo, irán al Ministro con la cantinela del “extraordinario coste del sistema”, “la necesidad de retribuir sólo los costes” para ir cobrando eurito a eurito hasta conseguir bien, los estimados 150 millones anuales de ingresos que obtienen los Registradores con la venta de la publicidad de las hipotecas, viviendas y sociedades de los ciudadanos españoles a través de la web www.registradores.org, bien los miles de millones derivados de la inscripción de las propiedad y sociedades.
En realidad, lo que en un breve tiempo obtendrán los Registradores serán ambas cosas: cobrarán por dar publicidad de los actos del Registro Civil, engordando sus competencias y vías de explotación comercial y cobrarán por inscribir los actos y por las comunicaciones que se practiquen entre registros.
Desde esta Asociación hacemos un llamamiento para impedir que tras el subterfugio de la expresión “funcionarios públicos”, pueda esconderse la atribución del Registro Civil a los Registradores de la propiedad y mercantiles.
Esas oficinas generales de que habla el proyecto en las CCAA, ¿no estará pensando el Ministro colocarlas en los despachos privados donde se instalan los Registros Mercantiles o Registros de la propiedad? ¿No estará pensando el Ministro en alquiler sedes para los Registros Civiles a la Sociedad del Colegio de Registradores ICRE, S.L.?
El Ministro Francisco Caamaño debe aclarar de una vez qué funcionarios públicos llevarán el Registro Civil, dónde se colocarán esas oficinas generales, cómo se va a pagar la fiesta y quienes se van a enriquecer con ella.